Marta González, vocal del PP en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, dijo a Servimedia que en su partido siempre han considerado “que las actividades subvencionadas desde esta convocatoria se destinaban a entidades de carácter supra-autonómico”, lo que implica que debe prevalecer “el criterio de que debían de ser repartidas desde el Gobierno central”.

Argumentó que la sentencia del Supremo refrenda que las actuaciones financiadas por el sistema del 0,7% de IRPF social “no son de competencia estrictamente social, por lo tanto autonómica, sino que también hay, en buena parte, responsabilidades del Gobierno central”.

Asimismo, González se refirió a que están “especialmente contentos” de que en esta demanda el PP y el Gobierno han compartido el criterio de las organizaciones del Tercer Sector, a las que les unía la idea de que el actual sistema “funciona bien, refuerza a las entidades y garantiza una mayor equidad en los diferentes territorios”, con lo que “ayuda a su cohesión”

“Que el Supremo nos dé la razón es algo a celebrar tanto por nuestra parte como creo que por parte de todas las entidades del Tercer Sector que están en la plataforma y que eran las primeras que se oponían a una modificación en el sistema de reparto”, concluyó esta diputada.