Durante el foro "Libertad de expresión vs Ley de Protección de Datos", organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Artemi Rallo manifestó que cada vez un mayor número de ciudadanos se dirigen a la agencia para reclamar que hechos de su pasado, como pueden ser una leve sanción penal prescrita hace mucho tiempo, se borren de Internet o, al menos, se minimice su conocimiento público.

"Consideramos legítima esa pretensión", subrayó Rallo, y, "por eso, recomendamos a los medios digitales que introduzcan las medidas tecnológicas que ya existen para evitar la indexación de ese tipo de información con motores de búsqueda".

Tras confesar que este asunto le trae "bastante de calle" actualmente a la APD, Rallo lanzó un claro mensaje al buscador más conocido de la Red: "La agencia le dice a Google que no le ampara la libertad de información, que no es un medio de comunicación y que tiene la obligación de evitar la indexación de datos cuando pueda prevalecer la protección a la intimidad".

En el foro, Rallo manifestó que a pesar de las críticas que puedan llegar contra la Ley de Protección de Datos desde la profesión periodística, lo cierto es que los tribunales siempren dan prevalencia a la libertad de expresión frente a otros derechos como la intimidad cuando concurren las circunstancias de veracidad e interés público. "En nuestro país, la libertad de expresión goza de una espléndida salud", remarcó.

A su juicio, algunos tienen una "percepción terrorífica" de la Ley de Protección de Datos y de la aplicación que de ella hace su institución, pero la realidad es que los tribunales ratifican "el 75 o el 80%" de las decisiones que adopta la APD.

Rallo dijo que la actual Ley de Protección de Datos, que entró en vigor en 1999, puede seguir vigente, y sólo hace falta buscar siempre la ponderación en la conciliación de derechos en litigio.

A los medios, el director de la APD le pidió que no apliquen de forma tan "aleatoria" la protección del anonimato de las personas que aparecen en ellos. Se preguntó por qué en unos medios se utilizan las iniciales de nombres y apellidos cuando se trata de protagonistas de infracciones penales y en otros no, o por qué en unos casos se distorsiona la voz o se difuminan las imágenes de menores o escoltas y en otros no.

De la condena a los directivos de la Cadena Ser por publicar en Internet los nombres de afiliados irregulares al PP de Madrid, Rallo no quiso entrar en detalles, salvo que cree que el fallo afirma "sin necesidad" que Internet no es un medio de comunicación.

Respecto a la publicación del patrimonio de los miembros del Gobierno, comentó que supone un "avance" en la transparencia de las Administraciones, y más en un momento en el que dijo que también se publican "otros patrimonios que no parecen ser exactamente fieles a la realidad".

"LOBBY" PERIODISTICO

Durante el foro, los profesores de Periodismo José Luis Dader (Universidad Complutense de Madrid) y Pepe Rodríguez (Autónoma de Barcelona) se mostraron muy críticos con la Ley de Protección de Datos.

José Luis Dader dijo que la norma hizo una "trasposicón distorsionada" de la directiva comunitaria sobre protección de datos y ninguneó el reconocimiento que en ésta se hace en defensa del interés legítimo en la difusión de datos.

"A diferencia de lo que hicieron los bancos y las aseguradoras cuando se debatió la ley, el periodismo no ejerció su función legítima de 'lobby'", afirmó. "Por eso hemos terminado llegando a casos como la sentencia de la SER, donde un juez dice que es innecesario aportar las pruebas de unos nombres".

Para Pepe Rodríguez, conocido por sus libros sobre sectas destructivas, "todos los periodistas incumplen la ley de protección de datos, porque les exige tener registrada su agenda en la APD y les impide revelar datos sin consentimiento de la persona afectada". "Arréglese la ley o prohíbase el periodismo", exclamó.

Más afín a los enunciados de la ley se mostró el secretario de la Asociación Española para el Fomento y la Seguridad de la Información, Carlos Sainz, quien mantuvo que "no cualquier cosa que haya sucedido es noticiable". "El derecho a la intimidad es una cosa y el de la protección de datos, otra. Yo soy titular de mis datos y yo decido quién los puede tener".