Este protocolo implica que durante su estancia en prisión los dos artistas tuvieron restringidos sus movimientos e intervenidas sus comunicaciones y estuvieron vigilados por funcionarios, una medida que se aplica a los integrantes de bandas armadas o grupos terroristas.

Los letrado Jaime Montero y Daniel Amelang indican en sus recursos que no sólo se les aplicaron las normas del FIES durante el tiempo que pasaron en prisión, sino que ya en situación de libertad “su nombre y datos continúan incluidos en el referido fichero, figurando en dicha base de datos sin concurrir los presupuestos para ello”.

Y ello implica que en caso de que alguno volviera a ingresar en un centro penitenciario, “volvería a encontrarse de manera automática en dicho Fichero FIES”.

El colectivo de FIES, dice el recurso, “incluye a todos aquellos internos ingresados por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, y aquéllos que, de acuerdo con los informes de las Fuerzas de Seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos”.

Sin embargo, defienden, los dos titiriteros no cumplían ninguna de estas exigencias, puesto que no estaban siendo investigados por ningún delito de terrorismo, ni por vinculación o colaboración con banda armada. Tampoco se les atribuye colaboración o apoyo a estos grupos por las Fuerzas de Seguridad, por lo que no estaría justificada su inclusión en el FIES. “El enaltecimiento del terrorismo”, delito del que están acusados, “no es un delito de terrorismo”, agregan.

Además, los abogados insisten en que la aplicación del FIES vulnera el derecho de sus representados a la presunción de inocencia protegido por la Constitución.

ESPERANTO Y LATÍN

Este miércoles el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomó declaración a cuatro testigos de la representación. Se trata de un padre y una madre y de dos sanitarios del Samur.

Los cuatro dieron versiones distintas sobre lo que presenciaron. Reconocieron no haber entendido bien el contexto de la obra, e incluso admitieron que no entendían lo que se decía en el guiñol.

Eso ocurrió porque sólo la introducción de la obra 'La bruja y don Cristóbal' se enunció en castellano, ya que el resto de la obra se representó en esperanto, salvo las intervenciones del juez, que se realizaron en latín.

En lo que sí han coincidido los dos padres es en que la obra resultaba violenta para los niños. La mujer, que acompañaba a su hija de dos años, abandonó el espectáculo y llamó a la Policía, mientras que el padre que prestó declaración se limitó a marcharse del recinto.

Uno de los sanitarios explicó al juez que vio la pancarta en la que se hacía un juego de palabras entre Al Qaeda y ETA, aunque dijo que era muy pequeña, del tamaño de los muñecos. Los padres, sin embargo, ni siquiera repararon en ella.

El juez Moreno decretó en un primer momento prisión provisional para Alfonso Lázaro de la Torre, de 29 años, y Raúl García Pérez, de 34. Cinco días más tarde, y después de que se lo pidiera la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el magistrado les impuso como medidas cautelares comparecencias diarias en el juzgado o comisaría y la entrega del pasaporte.

El Tribunal Supremo decidirá en los próximos días si admite a trámite la querella por prevaricación que el partido Contrapoder ha presentado contra el juez Ismael Moreno y la fiscal Carmen Monfort por la decisión de encarcelar cautelarmente a los dos titiriteros. Y será ampliada próximamente contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

La querella presentada ante la Sala de lo Penal del Supremo, dada la condición de aforados de los querellados, ha entrado en el registro del Alto Tribunal, que abrirá ahora una pieza que instruirá un magistrado para decidir si debe o no admitir a trámite el asunto. La acusación es la de haber tomado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, pero fuentes del Alto Tribunal consideran improbable que sea admitida a trámite.