Así se manifestó el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, durante un encuentro informativo en Servimedia, coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la Convención, si bien el texto entró en vigor en 2008.

Para Pérez Bueno, la aprobación de la Convención podría ser calificada como “el gran hecho en materia de discapacidad ocurrido en las últimas décadas y está llamado también a serlo en las próximas”, aunque, en su opinión, el pleno cumplimiento de la misma “está lejos de producirse en España, Europa y todos los países que la han ratificado”.

En este sentido, explicó que la implantación de la Convención supone romper con la rigidez de algunos elementos legales y de usos y costumbres, “y durante décadas ha habido tendencia en España a no salir de la zona de confort”, por lo que no se han llevado a cabo los cambios necesarios en favor de las personas con discapacidad.

Además, el presidente del Cermi lamentó que finalmente el Gobierno no haya aprobado la celebración en España de un día oficial para conmemorar la aprobación de la Convención de la ONU, algo que a su juicio “no arregla nada, pero sí ayudaría a crear conciencia y darle visibilidad”. En esta línea, recordó que el Cermi desarrollará múltiples acciones durante 2016 para hacer divulgación sobre la importancia que tiene el texto, como un congreso internacional en Valladolid durante este año.

“Hay aspectos esenciales que España está incumpliendo en relación a la Convención”, afirmó Pérez Bueno, que subrayó el hecho de que todavía no exista el derecho al sufragio universal para todas las personas con discapacidad (80.000 ciudadanos no pueden votar por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo). Asimismo, ha criticado que todavía no se haya reformado el Código Civil para que todas las personas con discapacidad puedan representarse a sí mismas y sólo se les ofrezca ayuda cuando lo requieran, que no se haya realizado una mayor apuesta por la accesibilidad de todos los edificios y servicios públicos y que no se haya implantado por completo la educación inclusiva para las personas con discapacidad.

En este punto, el máximo representante del Cermi denunció que la sociedad “acepte en muchos casos con naturalidad” que se apliquen medidas a las personas con discapacidad que no se admiten al resto de la población, puesto que, en su opinión, no se permitiría del mismo modo que se segregara a alumnos por razones como la etnia.

Por último, criticó que se sigan practicando esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad sin su consentimiento, algo que calificó como “la ablación de los países occidentales”.