Carreño indicó que hay áreas estudiadas por algunas comunidades autónomas en los obligados ‘Planes Especiales de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico’, pero no valoración económica, con lo que convendría homogeneizar esos estudios, según informó en un comunicado el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica.

“El riesgo se determina combinando la peligrosidad, la vulnerabilidad de lo que tenemos expuesto, el posible impacto sobre la vida de las personas y también el coste económico”, dijo Carreño.

La mayor catástrofe de origen natural que ha sufrido España ha sido el tsunami de 1755, si bien Carreño añadió que “la probabilidad de ocurrencia es baja”, con lo que la peligrosidad es relativamente pequeña, si bien precisó que la cantidad de personas, viviendas, instalaciones e industrias situadas al borde del mar en áreas que podrían sufrir un tsunami son muy altas. “Deberíamos tener claro qué pesaría más en la balanza”, añadió.

Este experto en sismos desde hace más de 35 años señaló que los geólogos consideran una falla activa si hay evidencia de que ha tenido un movimiento sísmico en los últimos 10.000 años. “Es necesario realizar un proceso de investigación de todas estas fallas que pudieran existir con estas características en nuestro territorio. Podemos presuponer que hemos instalado emplazamientos críticos en lugares muy estables y, sin embargo, desconocer que pudiéramos estar sobre una falla con grandes periodos de recurrencia para un sismo de gran magnitud”, explicó.

Carreño apuntó que se presta mucha atención a las zonas donde se ha constatado en épocas históricas los sismos más grandes, pero se preguntó: “¿Es allí donde se van a volver a producir? O, precisamente, ¿son los lugares donde se ha liberado energía y donde ya no se van a producir en plazos medios? Es preciso el estudio en todo el territorio español, tenga o no un nivel alto de peligrosidad tal y como lo conocemos actualmente”.

Este experto indicó que la minimización del impacto de una catástrofe natural se logra primero determinando mapas de peligrosidad para cada riesgo y después con políticas de ordenación de territorio y normas de construcción de obligado cumplimiento con un control efectivo de su cumplimiento. “Un mayor control instrumental en los puntos de conocida peligrosidad podría alertarnos de una posible ocurrencia de eventos catastróficos. La inversión en medidas preventivas de vigilancia en determinados puntos del territorio no creo que esté acorde a los riesgos existentes”, añadió.

Además, recalcó que otro factor que podría impedir la minimización de los riesgos es “la dispersión de las redes o sistemas de vigilancia en centros de muy distinto modo de trabajo”. “La optimización de estos sistemas se conseguiría con un enfoque de servicio, lo que no siempre es efectivo cuando se combinan este último y la pura investigación. Ambos son fundamentales y necesarios, y se deberían establecer más claramente las fronteras y obligaciones”, concluyó.