Ossorio manifestó que en el caso de las personas con discapacidad física que les impida el suministro en régimen de autoservicio, “deberán ser atendidas por una persona responsables de las instalaciones”.

Indicó que en esta iniciativa, que obligará que en todas las gasolineras haya al menos un empleado, se contempla sanciones a los que incumplan la norma y dijo que “el objetivo de esta medida es garantizar la seguridad y los derechos de los consumidores”.

Recordó que la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, liberalizó la instalación de estaciones de servicio de carburantes en polígonos industriales y otras zonas y establecimientos, así como la posibilidad de que éstas funcionasen por procedimientos automáticos.

Señaló que esta medida fue respondida por sindicatos, empresarios, asocaciaciones de consumidores y personas con discapacidad al considerar, entre otras cosas, que no se grantizaba la seguridad de la instalación ni la cobertura de siniestros, más aún teniendo en cuenta que la mayor parte de estas instalaciones están en zonas urbanas.

Asimismo, añadió, los consumidores no podían reclamar in situ ni solicitar ayuda con cualquier problema en el repostaje o en el cobro, y por último, la generalización de este tipo de gasolineras supondría prescindir de empleados en este sector.