La muerte se produjo el pasado 3 de marzo y aunque no está esclarecida, su familia atribuye la responsabilidad a una multinacional hidroeléctrica.

Según la asociación de jueces, la activista había sido objeto de numerosas agresiones, amenazas e intimidación, por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico 'Agua Zarca' sobre el río Gualcarque, que se puso en marcha sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas afectadas.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había reclamado medidas de protección al Estado hondureño, de acuerdo con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pese a ello, las autoridades del país no aportaron las medidas de seguridad adecuadas.

JpD denuncia la impunidad que se vive en Honduras y apunta directamente a la responsabilidad del Estado hondureño en el crimen por “su falta de voluntad de garantizar la participación ciudadana y de respetar el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades donde se pretenden realizar los proyectos mineros, turísticos o hidroeléctricos”.

Por eso, reclama al Gobierno de Honduras que muestre una actitud de compromiso institucional con los derechos de los pueblos indígenas.

JpD expresa su apoyo a Jueces por la Democracia en Honduras y a las organizaciones de derechos humanos del país y exige que se apliquen “las máximas medidas de protección para el activista mexicano Gustavo Castro, testigo presencial del asesinato, que se encuentra refugiado en la Embajada de México en Tegucigalpa”.