Según explica la Comisión, estos fondos indebidamente utilizados por los Estados volverán a engrosar el presupuesto de la Unión Europea y son consecuencia de los procedimientos de control deficientes o del incumplimiento de las normas comunitarias sobre gastos agrarios.

Con arreglo a esta última decisión, además de a España, se reclamarán fondos a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Alemania, Finlandia, Francia, el Reino Unido, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Suecia.

España es el tercer país con un mayor importe de las irregularidades. Solo le superan Grecia, con 132.718.000 euros y Polonia con 91.998.000 euros.

Entre los incumplimientos de España destacan 35,9 millones por irregularidades en los costes de gestión medioambiental del envasado de frutas y hortalizas y 11,5 millones por deficiencias en el sistema de control del reconocimiento de las organizaciones de productores hortofrutícolas.

Por el contrario, la comisión tiene que devolver a España 5,3 millones como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia relativa a las ayudas al sector del cáñamo.

Los Estados miembros son responsables del pago y del control de los gastos correspondientes a la política agrícola común (PAC), siendo tarea de la Comisión comprobar que han hecho un uso correcto de dichos fondos.