Los tres aseguraron que no tenían conocimiento de estas vigilancias y que todo fue un “montaje” porque se negaron a estas “órdenes ilegales”. Pinto dijo que “tuvimos una reunión con Pedro Agudo, mano derecha del entonces director de Seguridad, Enrique Baron, y se nos intenta hacer partícipes de su objetivo de que viene a cazar a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, que eran unos chorizos”.

“Nos hace ver que Barón se lo trasmite todo”, según Pinto, quien explicó que “acabó la conversación diciendo que les íbamos a partir la cara”.

Aseguró no haber participado nunca en esos seguimientos y negó que la firma que aparece en los partes de estos seguimientos sea suya y explicó que, a su juicio, “todo se debió a las luchas internas entre diferentes frentes políticos -del PP de Madrid- para tapar otras cuestiones relacionadas con el congreso nacional del PP y de Caja Madrid”.

Señaló que entre los agentes de seguridad había expolicías nacionales y ex guardias civiles y que él no trabajaba con ellos, y explicó que, en aquellas fechas, pidió hablar con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, "para informarle de todo, y aún estoy a la espera”. Explicó que “soy un mandado y tengo, en aquellas fechas, un jefe, al que por cierto nunca citan”.

Reiteró que “nos fabricaron un montaje porque no acatamos órdenes ilegales” y recordó que entonces Ignacio González quería ser presidente de Caja Madrid y se produjo el robo de ordenadores en el Campus de la Justicia. Además, relató que es experto en kárate y artes marciales y que ha ganado varias medallas con la bandera de España.

Los tres comparecientes, imputados en la causa de los ‘espías’ junto a otras tres personas, aseguraron que "somos unas víctimas de una guerra entre políticos presuntamente corruptos".

Explicaron que todo se inició en 2008, cuando Gamón les dijo que "Ignacio González tenía especial interés en hacer seguimientos a determinadas personas, entre las que estaban Alberto Ruiz-Gallardón, Alfredo Prada, Manuel Cobo y Cristina Cifuentes".

Indicaron que como todo era ilegal lo denunciaron al entonces consejero Francisco Granados, superior directo de Gamón, y “para nosotros empezó entonces un infierno y un calvario”.

Por otro lado, Coronado, otro de los comparecientes en la Asamblea de Madrid, dijo que “Gamón nos obligó a ir a ciertos lugares y a rellenar ciertos partes que no decían nada, que en algunos casos se rellenaban con la agenda pública de los políticos y en otros con cosas inventadas".

Reiteró que "nosotros no hemos espiado ni hemos hecho seguimientos y señaló que “íbamos donde nos decían y nos dimos cuenta de que Granados no mandaba sobre Gamón”.

“Nos mandaban a determinados lugares para que los posicionamientos telefónicos de nuestros móviles coincidieran con esos emplazamientos, y luego nos obligaron a hacer unos papeles que no tenían ningún contenido”, añadió.

Dijo que "con el paso de los años hemos entendido que todo era una guerra entre dos políticos enfrentados: Ignacio González y Francisco Granados".

Otro de los comparecientes, José Oreja, dijo que "no les quepa ninguna duda de que voy a llegar hasta el final" y afirmó que en los seguimientos a políticos “todo se hacía por interés de Ignacio González”.

Tras las comparecencias, el diputado de Ciudadanos César Zafra dijo que “las familias del PP han usado las instituciones regionales para espiarse entre ellas” y añadió que “las personas que han pasado por esta comisión han dejado entrever que algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid pidieron a tres guardias civiles que hicieran seguimientos a políticos de su propio partido, seguimientos a los que se negaron”.

El diputado de Podemos Miguel Ongil manifestó que se alegra de haber podido “escuchar a gente que había sido vetada anteriormente”, en la comisión de investigación que se hizo hace años, y señaló que “había un modo de operar en la Comunidad a través de una Dirección General de Seguridad y se pone al frente a una persona de la máxima confianza de Aguirre y González”.

Por su parte, la diputada del PSOE Encarnación Moya dijo que “hay muchas cosas oscuras y lo que nos parece más llamativo es que los imputados piden una serie de pruebas que no se hacen”. Aseguró que en esa época “circulaban dosieres por todas las partes de Granados y González”.

Finelmente, el diputado del PP Alfonso Serrano afirmó que “respetamos estas comparecencias” y recordó que este tema ya se debatió en una anterior comisión de investigación. “No sabemos si es la Asamblea el lugar idóneo para que tres personas imputadas en un proceso judicial que lleva ya siete años vengan aquí como si fuésemos un tribunal de apelación”, señaló.