Desde el Gobierno en funciones explicaron que el Estado español abonó la mencionada multa el pasado 28 de enero a la Comisión Europea.

Asimismo, se inició e instruyó el oportuno procedimiento de derivación de responsabilidad a la Administración responsable, la Generalidad Valenciana, atendiendo a lo previsto en el real decreto de 2013 por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Según en el Ejecutivo, en el procedimiento, y tras analizar las alegaciones de la Comunidad Valenciana, se ha concluido que la responsabilidad por los hechos que dieron lugar a la multa corresponde en exclusiva a la autonomía y, en consecuencia, se establece la repercusión a ésta del pago de la multa de 18,93 millones de euros mencionada.

A esta cantidad habrá que sumar 57.567,94 euros en concepto de intereses compensatorios de los costes financieros que se han devengado desde el pago efectuado por el Reino de España, el pasado 28 de enero de 2016, hasta el acuerdo de Consejo de Ministros.

El Consejo Europeo multó a España el pasado 13 de julio de 2015 con 18,93 millones de euros por la manipulación de los datos de déficit en la Comunidad Valenciana, tras haber informado el Estado español a la oficina estadística Eurostat de dicha contabilización.

El informe de la Comisión apreciaba negligencia “grave” porque la Intervención General del Gobierno de Valencia no registró los gastos sanitarios ni cumplió el principio de devengo en las cuentas nacionales, lo que provocó una tergiversación de los datos del déficit y la transmisión de cifras incorrectas a Eurostat en 2012.

El Gobierno recordó que la Comisión decidió reducir la cuantía de la multa al apreciar algunos aspectos como el limitado impacto en el déficit de España en su conjunto o la notificación inmediata del Estado español a Eurostat de las cifras correctas.

A ello se une el hecho de que la incorrección fuera obra de una sola entidad de la Administración española y el alto grado de cooperación de las autoridades estadísticas españolas y las entidades implicadas en la investigación.