Según explicó este jueves en un comunicado la organización, tras las reuniones que ha mantenido con los representantes de PSOE y Ciudadanos al objeto de dar a conocer el contenido del ‘Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso’, se ha constatado que el apartado dedicado a combatir el fraude incorpora “gran parte” de las propuestas realizadas por IHE a lo largo de los últimos años.

Los inspectores aplauden el compromiso de aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria e incrementar sus medios materiales y humanos, entendiendo que es el “primer paso, y el más firme, para combatir el fraude fiscal”.

Del mismo modo, se consideran “positivas” la adopción de medidas relacionadas con el control de los paraísos fiscales, las obligaciones de información a las que quedan sujetas las entidades financieras respecto de aquellos clientes que los utilizan, la reforma de la figura del delito fiscal, así como el reforzamiento del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Además, destacan la inclusión en dicho documento de un par de medidas “trascendentales” que IHE reivindica desde hace tiempo. Por un lado, exigir a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012 el pago efectivo del 10% previsto en el real decreto que regulaba esta medida, acompañado de un plan específico de análisis de las declaraciones presentadas en busca de indicios de corrupción y blanqueo de capitales. Por otro lado, la devolución a la Agencia Tributaria del control fiscal de las sociedades de inversión de carácter financiero (Sicav).

Pese a ello, la organización apuntó que el acuerdo “omite determinadas medidas que IHE considera relevantes en la lucha contra el fraude y la insolidaridad tributaria”.

Así, aunque se alude a una propuesta de estudio de reforma integral del sistema tributario, no hay ninguna mención sobre reforma de los procedimientos tributarios, herramientas imprescindibles para aplicar aquél.

“Es urgente reformular en el corto plazo aquellas normas que han devenido inaplicables o de escasa efectividad en estos últimos años y que suponen un claro impedimento para la aplicación efectiva del sistema tributario, implementando en especial normas procedimentales que hagan más efectiva la recaudación tributaria, acusado déficit de nuestro sistema fiscal”, explicaron.

A ello cabría añadir otras medidas de “calado”, apuntaron, en este caso organizativas, como el establecimiento de un sistema de información único y de un órgano de recaudación único o la creación de una Oficina Nacional Antifraude donde se incluirían también miembros del Ministerio Fiscal y estaría dotada de una policía fiscal.

Asimismo, dentro de las medidas organizativas, al aludir al estatuto de la Agencia Tributaria debería haberse concretado la forma de designación de su director general, la duración de su mandato, los requisitos exigidos para su designación o las causas que pudieran provocar su cese.