Asimismo, la OMC manifestó que "el compromiso y defensa de los intereses superiores del menor son asumidos íntegramente por la OMC y, en consonancia con ello, prestará a los poderes públicos toda la colaboración que sea precisa para el estricto cumplimiento de la ley y la erradicación de estas repugnantes conductas".

La organización que representa a todos los médicos subraya que "es necesario ponderar los riesgos/beneficios que se derivarían de poner bajo sospecha a toda la colegiación médica y a otros profesionales sanitarios con trato directo con la infancia".

La Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece que aquellas profesiones que impliquen un contacto habitual con menores deberán acreditar que carecen de antecedentes penales de índole sexual.

Para la OMC, "siendo el riesgo de que se produzcan estas conductas realmente muy bajo (en el caso de la profesión médica), el beneficio de esta medida es más que dudoso, por no decir nulo, porque los que tienen antecedentes lo son por haber sido condenados y estarán fuera de la práctica profesional y del ejercicio profesional. Para los que no han sido condenados y por tanto no tienen antecedentes, la medida no tiene efecto, pero tampoco puede evitar que puedan serlo. Se arriesga la reputación de toda la profesión médica exigiendo un certificado inútil que complicará el funcionamiento de los servicios. En consecuencia, se debe evitar esta medida por la perturbación que se produciría en la relación médico paciente y la imagen que proyectará a la sociedad de todos los médicos y otros profesionales sanitarios como potenciales agresores sexuales de los menores".

"La OMC, a través de su Código de Deontología Médica y de las declaraciones que lo complementan, ha demostrado su compromiso inquebrantable con todos los pacientes y especialmente con los más vulnerables como son los menores", señala la organización.

Además, recuerda que el Código de Deontología Médica señala que “médico y paciente tienen derecho a la presencia de un acompañante o colaborador cuando el carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo requieran”, lo que considera la mejor garantía para evitar las situaciones previstas en la ley. "Esta medida tiene la virtud añadida de ser de doble vínculo: protege al menor del abuso, pero también protege al médico de falsas acusaciones", dice la OMC.

Por ello, insta a la Administración para que se restablezca la presencia de otro profesional sanitario auxiliar en las consultas, "si no en todas las consultas, al menos en las que se puedan plantear problemas de esta índole, por la especial vulnerabilidad de los pacientes".