Galicia. La Xunta confirma que ha pedido un cambio de negociador en el diálogo sobre la ley de cajas

- Acusa al Gobierno de querer ganar por "goleada"

SANTIAGO
SERVIMEDIA

La consejera de Hacienda de Galicia, Marta Fernández Currás, confirmó hoy que la Xunta ha solicitado de forma oficial un cambio de negociador en las conversaciones con el Estado sobre la ley de cajas gallegas.

Así lo ha hecho al considerar el último capítulo de las negociaciones con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, como una "falta de respecto absoluta" a Galicia dentro de un "conjunto de desencuentros" en los que el Gobierno central pretende ganar por "goleada" a la administración autonómica.

En declaraciones a los medios, en Santiago de Compostela, Currás dijo estar todavía en espera de una respuesta por parte del Ejecutivo, al que acusa de "pretender hacer una negociación que suponga una goleada absoluta, un resultado de once cero sin atender a ninguna de nuestras legítimas peticiones en el marco de constitucionalidad de la norma".

Por eso, la titular de Hacienda afirmó que desde la Xunta mantienen la puerta abierta a que continúe el diálogo, aunque dejó claro que no van a redactar de nuevo los cinco puntos de la norma en los que no hay acuerdo. "Eso está parado, estamos esperando una respuesta por parte del Estado", señaló, tras remarcar que la Xunta ha realizado "todos los esfuerzos que estaban en nuestra mano".

Por otro lado, Currás reconoció que los servicios jurídicos de la Consejería no tienen todavía el informe que encargó sobre la situación en la que quedan los puntos de la norma que no han sido directamente impugnados en el recurso de incostitucionalidad presentado por el Gobierno para verificar si podrían todavía estar en vigor.

Así, explicó que están analizando la situación actual para determinar cuál es la suspensión específica automática derivada de la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional (TC) quien, a su vez, se tiene que pronunciar a través de un auto de suspensión para aclarar las "muchas lagunas jurídicas" generadas.

Mientras por parte de las cajas se interpretó que la interposición del recurso supondría una suspensión inmediata de todos los preceptos impugnados, la asesoría jurídica de la Xunta entiende que "hay efectos que a lo mejor son matizados por el propio Tribunal Constitucional y se require una labor interpretativa por parte de los órganos judiciales que no es fácil", puntualizó la consejera.

Por otro lado, Currás aseguró que la Xunta todavía está a tiempo de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el FROB y, además, que todavía sería posible disponer de las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, cuyo plazo terminal el 30 de junio, si se alcanza un pacto de voluntades para la fusión de las dos entidades gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, ya que no es necesario que la fusión esté ya producida para que la comisión del FROB decida si el proyecto es susceptible de ser amparado con el Fondo de Reestructuración.

(SERVIMEDIA)
15 Mar 2010
CDM/lmb