Ambas formaciones se han comprometido con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, y a cumplir los nuevos objetivos de déficit por debajo del 3% en 2017 hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura.

"La senda concreta de reducción del déficit público se acordará con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas heredadas del actual gobierno", dice el acuerdo. "Será necesario conocer la liquidación final del déficit de 2015, que presumiblemente presentará una importante desviación, especialmente las cuentas de la Seguridad Social y las CCAA", añade.

PGE 2016

Según explicaron a Servimedia fuentes de las dos formaciones, ambas son conscientes de la situación delicada generada por el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 fueron aprobados con la mayoría absoluta del PP y chocan de frente con las medidas contenidas en el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Podría darse el caso, reconocen, de que fuera el Gobierno de Mariano Rajoy aún en funciones el encargado de enviar a la Comisión Europea el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, en los que se plasman los compromisos que España adquiere con Bruselas para el cumplimiento de ese Pacto de Estabilidad.

Ese es uno de los motivos por los que insisten en la urgencia de sacar adelante la investidura, formar Gobierno e iniciar la legislatura sin esperar a que avance el plazo de dos meses que habría desde la primera votación fallida hasta la repetición de elecciones.

Los socialistas barajan la posibilidad de aprobar, dentro de las primeras medidas de su hipotético Gobierno, un decreto ley rectificativo para intentar adaptar lo más posible las cuentas del Estado a las prioridades fijadas en ese acuerdo.

RENEGOCIAR CALENDARIO

Coinciden con Ciudadanos en la necesidad en todo caso de negociar el calendario de pago de la deuda y de ajuste del déficit, pero siempre en función de lo que desvelen las cuentas una vez comprobadas por el nuevo Gobierno.

En ese sentido, desde Ciudadanos reconocen que no descartan un apercibimiento de Bruselas a España o incluso una sanción que habría que negociar también para minimizar el impacto sobre la economía y sobre la vida de los ciudadanos.

Insisten en que la mejor arma para esa negociación con Europa sería un Gobierno fuerte con un programa claro de reformas profundas en las que se plasma el compromiso de cambiar el modelo productivo y laboral y de ajustar las cuentas pero no por la vía de recortes y subidas de impuestos sino por mayor efectividad y eficiencia.

Uno de los compromisos contenidos en ese acuerdo es una reforma fiscal global en la que se estudiaría la posibilidad de crear un impuesto específico sobre las grandes fortunas. Los socialistas vinculan esa posibilidad con la posible necesidad sobrevenida de aumentar la recaudación en caso de imposición por parte de Bruselas.