En su último informe anual, Amnistía Internacional lamenta las injerencias en el sistema judicial de cargos públicos de los más altos niveles de la Admininistración de Venezuela, lo que pone en entredicho su compromiso con la independencia del poder judicial y con el Estado de Derecho.

Además, apunta que en 2015 continuaron las agresiones y la intimidación contra defensores de los derechos humanos y contra periodistas, y que las personas que se oponían políticamente al Gobierno de Nicolás Maduro afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos.

Amnistía señala también que el año pasado hubo nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad, lo que se saldó con decenas de muertes, algunas de ellas en circunstancias que apuntaban a que podía tratarse de homicidios ilegítimos.

Por otro lado, la mayoría de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas ciudadanas de 2014 no comparecieron ante la justicia y se deportó, desalojó forzosamente y maltrató a cerca de 2.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo colombianas.

En Venezuela continuó la violencia y el hacinamiento en las prisiones y las víctimas de violencia de género tenían que hacer frente a considerables escollos para acceder a la justicia.