Investidura. PSOE y Ciudadanos abogan por un tratamiento fiscal "favorable" para empresas de economía social

- Proponen crear una ponencia parlamentaria sobre la economía colaborativa

MADRID
SERVIMEDIA

PSOE y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo por el cual se comprometen a establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social en España.

Así queda recogido en el ‘Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso’ firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

Este mejor tratamiento fiscal apoyará a las sociedades laborales que destinen excedentes empresariales para que sus trabajadores pasen a formar parte de las mismas con la condición de socios trabajadores.

Además, está prevista la transposición de la directiva de la Unión Europea sobre contratación pública, que permite la reserva de contratos públicos a empresas sociales y de propiedad de trabajadores.

Por otra parte, apuntan la reforma de la Ley de Cooperativas para hacer "más operativo" su funcionamiento económico y social. Además, se reformará la Ley de régimen fiscal de las Cooperativas del año 1990.

Estos dos partidos consideran que la actual legislación fiscal de las cooperativas está "desfasada" por las distintas reformas fiscales, y pretenden así recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.

También apuestan por la reforma de la Ley de Mecenazgo para mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y la participación social (micromecenazgo); así como para regular la figura del 'endowment' o fondo fiduciario que se nutre de aportaciones de personas físicas o jurídicas para una finalidad social específica.

En este sentido, proponen la creación de un Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones que, junto al Registro único, sea "un referente profesional y de calidad y que contribuya a mejorar la gestión y la transparencia de estas entidades".

Por último, el acuerdo aboga por la regulación de la economía colaborativa, para lo cual se constituiría una ponencia parlamentaria que consultará con expertos, empresas e instituciones para identificar los obstáculos para su desarrollo, con especial incidencia en los ámbitos laboral y fiscal.

(SERVIMEDIA)
24 Feb 2016
GFM/caa