Las conclusiones de dicha comisión deberán estar listas para su incorporación en los presupuestos de 2017, según consta en el documento ‘Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso’ firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Entre las medidas concretas que recoge el acuerdo se encuentra una reforma del IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo “cuando la situación presupuestaria lo permita”. Además, se garantiza que “mientras tanto” no se subirán los tipos.

En el texto se recoge también estudiar la creación de un impuesto “extraordinario” sobre las grandes fortunas, “para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario”.

Por otra parte, se abordará una reforma “en profundidad” del Impuesto de Sociedades con un doble objetivo: acercar los tipos efectivos a los tipos nominales y aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la zona euro.

Otra de las medidas en materia fiscal es armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, estableciendo unas “horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del Estado”.

De esta forma, consideran que “se terminará con la competencia en ambos impuestos por parte de las comunidades autónomas que provoca, en la práctica, su vaciamiento, sin penalizar a la clase media, que quedará exenta de ambos gravámenes”.

IVA CULTURAL

Además, se ha acordado reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4% e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.

En cuanto a los impuestos especiales, se va a revisar la configuración de los mismos para hacerlos unos “auténticos” impuestos medioambientales.

También se apuesta por eliminar el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno.

Además, se plantea una batería de medidas para combatir “decididamente” el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Así, por ejemplo, las dos formaciones apuestan también por crear una Oficina Nacional de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la Agencia Tributaria.

Por su parte, se quiere limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales. Además, se establecerá el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 25 euros a través de tarjeta de crédito.

AMNISTÍA FISCAL

PSOE y Ciudadanos comparten exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la ‘amnistía fiscal’ (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los tribunales todos los casos de acogidos a la regularización extraordinaria en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.

Se exigiría también a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes.