Tras las elecciones municipales del pasado mayo y los pactos posteriores, el reparto de las 38 diputaciones provinciales quedó de la siguiente manera: el PSOE gobierna en un total de 18 diputaciones, siendo el partido que más poder provincial tiene.

El PP, por su parte, gobierna en un total de 15 diputaciones; Convergència lo hace en las cuatro diputaciones provinciales catalanas y el Partido Aragonesista (PAR), que concurrió en coalición con los populares a las elecciones generales, gobierna en Teruel.

De esta forma, de salir adelante la reforma de la Carta Magna que hoy acordaron Sánchez y Rivera, el PSOE perdería más poder que los populares, críticos con la medida pactada por ambas formaciones.

Sánchez confirmó que impulsará la renovación de las diputaciones para crear los “consejos provinciales de alcaldes y alcaldesas” que tendrán como objetivo “garantizar la igualdad de los españoles vivan donde vivan”.

El PP, por su parte, anunció que va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de España para defender las diputaciones provinciales porque, afirmó su vicesecretario general de Autonomías y Ayuntamientos, Javier Arenas, "cumplen un papel fundamental prestando asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los pequeños municipios".