Esta es una de las principales conclusiones de un estudio desarrollado en diez países europeos, incluido España, en el que han participado investigadores del Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas' de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

“Hemos visto que hay una falta de datos preocupante en este contexto y que los menores se encuentran con barreras especiales a la hora de poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, debido entre otras razones a que existe una falta de formación de los profesionales para poder suplir estas barreras existentes”, explicó uno de los autores y coordinador del estudio, Ignacio Campoy, del departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la UC3M.

“Los mismos patrones se repiten prácticamente en los diez países que hemos formado parte de este proyecto europeo”, señaló otra de las autoras, Silvina Ribotta, profesora de Filosofía del Derecho de la UC3M.

El estudio también presentan un conjunto de recomendaciones para que la situación de estos niños mejore de forma significativa en todas las esferas de la justicia civil, penal y administrativa.

Entre estas recomendaciones están introducir sistemas para recopilar y publicar datos desglosados por edad y tipo de discapacidad en el sistema judicial, crear herramientas para que niños y niñas involucrados en procesos judiciales tengan garantizada una efectiva participación en los mismos, o elaborar indicadores de resultado para evaluar el derecho de acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental en los sistemas nacionales de justicia.

“Existe la necesidad de que los tribunales sean más abiertos, flexibles y con capacidad de respuesta para los niños y las niñas con discapacidad, así como para otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestras sociedades”, concluyó el profesor Ignacio Campoy.