Madrid. La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar a una treintena de trabajadores ilegales
- Cobraban entre 200 y 500 euros mensuales y se veían obligados a trabajar un elevado número de horas diarias
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La Policía Nacional ha detenido a Freddy Armen C. D., de 39 años y de origen colombiano, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. En su empresa de manipulados tenía empleados a siete trabajadores extranjeros en situación irregular y a otros veinte sin seguridad social y sin contrato de trabajo.
Todos estaban sometidos a duras condiciones laborales ya que cobraban un salario muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional trabajando un elevado número de horas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La investigación se inició a raíz de diversas informaciones recibidas por el Grupo X de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación relacionadas con la presunta contratación de ciudadanos extranjeros, en situación irregular por parte de un empresario.
El propietario de la compañía poseía una empresa de manipulados en una localidad de Toledo vinculada con otras de su mismo sector asentadas en Alcorcón.
Los investigadores realizaron sucesivas vigilancias de dos naves industriales que la empresa tenía en Toledo hasta constatar la existencia de ciudadanos de diversas nacionalidades que acudían a diario a trabajar a dichas naves. En ellas, se dedicaban a manipular y confeccionar material publicitario para distintas firmas comerciales.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Cuando se cercioraron de que varios ciudadanos en situación irregular trabajaban en el establecimiento, los agentes realizaron una inspección con la colaboración de la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, detuvieron a siete empleados de la empresa por infracción a la Ley de Extranjería.
Los agentes identificaron a otros 21 trabajadores, de los cuales solamente la encargada estaba contratada y dada de alta en la Seguridad Social. Otros nueve disponían únicamente de permiso de residencia, pero no de trabajo.
Los once restantes contaban carecían de contrato y alta en la Seguridad Social pese a disponer de permiso de residencia y trabajo. A continuación, arrestaron al empresario como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los trabajadores cobraban cantidades de dinero mensuales entre 200 y 500 euros, cifras muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional y trabajaban un elevado número de horas diarias tanto en la nave industrial como desde sus domicilios.
Por ello, la empresa ofrecía unos precios altamente competitivos y proporcionaba una rápida respuesta s sus encargos.
(SERVIMEDIA)
13 Mar 2010
MAG/lmb