La Cámara gallega se ha personado en este procedimiento en defensa de la constitucionalidad de una ley "aprobada por el Parlamento de Galicia en el marco de sus competencias", pero también en "defensa de la capacidad legislativa de la comunidad autónoma", tal y como argumenta en la misiva.

El documento de alegaciones, firmado por la presidenta del Parlamento autonómico, Pilar Rojo, fue elaborado por los servicios jurídicos de la institución y especifica todos los argumentos legales que, a su juicio, avalan la constitucionalidad de los diez puntos recurridos por el Gobierno central ante el tribunal.

La presentación de estas alegaciones se produce después de que la Mesa do Parlamento de Galicia acordase, el pasado dos de marzo, el envío de este escrito, tras examinar la providencia del Tribunal Constitucional por la que se admitió a trámite el recurso promovido por el Ejecutivo estatal.

En el mismo documento, la Cámara autonómica le pide al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los diez puntos de la ley de cajas gallega recurridos por el Gobierno central, al entender que se ajustan a la Constitución española.

En este sentido, el Parlamento alega que este recurso "lesiona" las competencias de Galicia y causa un "perjuicio evidente" sobre cualquier estrategia encaminada a la "necesaria" reorganización del mapa financiero gallego.