El Ministerio Público y el Parlamento catalán disponen ahora de diez días para presentar sus escritos. El TC pide su opinión, ya que ésta es la primera vez que se va a aplicar el artículo 92 de la reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para garantizar el cumplimiento de sus sentencias.

El garante del cumplimiento de la Constitución responde así al escrito de la Abogacía del Estado que solicitó la anulación de dicha comisión, por ser contraria a lo dictado por el TC el pasado mes de diciembre en contra de la resolución independentista del Parlamento catalán que arropa su creación.

Pedía también que se advirtiera a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de la Comisión parlamentaria para que "se abstengan de la realización de cualesquiera actuaciones tendentes a poner en funcionamiento o dar continuidad a los trabajos de la Comisión".

La Abogacía del Estado entiende que esta comisión “tiene por objeto” la voluntad “decidida” de poner en marcha “un proceso constituyente” que “no tiene cabida en la Constitución y que, por tanto, es contraria a lo establecido por el Tribunal.