Así consta en la sentencia del Juzgado de Instrucción número dos de Zaragoza, con fecha del 11 de marzo de 2010, a la que tuvo acceso Servimedia. En ella se establece que hay que indemnizar a 59 de los 62 militares que perdieron la vida.

En los 92 folios, la magistrada María Teresa Real Clemente, condena a Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y al contratista que actuó de intermediario con la OTAN, Chapman Freeborn, a pagar más seis millones de euros, siendo la empresa relacionada con la Alianza Atlántica la que tenga que abonar mayor cantidad de dinero. La aseguradora Busin Joint Stock Insurance deberá indemnizar a varias familias.

Las cantidades, todas ellas en euros, y en términos generales, se corresponden con unos 60.000 para viudas o padres, 30.500 a cada hijo y 3.500 a los hermanos de los militares, aproximadamente.

En "los antecedentes de hecho", la magistrada recoge que la causa del siniestro fue "una cadena de gravísimimos y temerarios errores cometidos por la tripulación". "No existe en ningún caso indicios de un fallo mecánico", añade.

Además, dentro de los "hechos probados", la juez mantiene que "la tripulación del avión dirigió voluntariamente la aeronave hacia la zona sur del aeropuerto donde le estaba vedado ir", pese a que "las condiciones meteorológicas" en el aeropuerto de Trabzon "en el momento del accidente no impedían la aproximación y el aterrizaje seguros".

La aeronave se encontraba "en buenas condiciones técnicas lo que permitía su explotación en servicios regulares y chárter sin limitación alguna. Contaba con todos los equipos de a bordo necesarios para vuelo instrumental , de conformidad con las radioayudas de Trabzon".

Por otra parte, la sentencia dice que "el avión poseía los certificados oportunos, estaba equipado y se había sometido a mantenimiento de acuerdo con las normas".

Concluye que "no se advierten fallos técnicos" en el avión aunque sí que las maniobras de aproximación para aterrizar en Trabzon realizadas por parte de la tripulación "fueron incorrectas". Se desconocen, apostilla, los "motivos por los cuales se realizó esta muy deficiente maniobra".

Contra esta sentencia cabe la posibilidad de recurso. Las contratistas ya consiguieron anular el primer juicio y obligar a su repetición.

Esta sentencia recoge las conclusiones del segundo juicio civil sobre las contrataciones. El primero, que se celebró en enero de 2006, fue anulado por la Audiencia Provincial de Zaragoza por un defecto de forma en la convocatoria de los representantes de Chapman Freeborn. En el primero, las empresas fueron condenadas a casi diez millones de euros de indemnizaciones.