En un auto, la juez acuerda esta medida solicitada por la Fiscalía teniendo en cuenta la pena de hasta seis años de cárcel contemplada en el Código Penal para el delito de administración desleal por el que Benjumea está siendo investigado, así como la disposición de un patrimonio relevante y su facilidad para desplazarse fuera de España.

Estas circunstancias determinan, según la titular del juzgado central de Instrucción número 3, “un fundado riesgo de que en el curso de la instrucción aquel pueda eludir la necesaria sujeción al procedimiento, poniéndose fuera del alcance de la justicia”.

La magistrada recuerda que el hecho de que hasta el momento Benjumea no haya eludido la acción de la justicia y haya comparecido a los llamamientos judiciales “no garantiza que no pueda hacerlo en el futuro y desde luego no neutraliza los motivos” para la adopción de las medidas cautelares.

ALEGA FALTA DE LIQUIDEZ

Benjumea aseguró el martes, en su declaración ante la juez Lamela, que la empresa goza de una situación económica saneada y que sus dificultades se derivan de un problema puntual de liquidez. Tras su declaración, la Fiscalía pidió que se le impusieran las medidas cauterlares que este miércoles ha acordado la magistrada.

La jueza tomó también declaración al ex consejero delegado de la entidad Manuel Sánchez Ortega. Ambos están siendo investigados por administración desleal e información privilegiada.

En su declaración, el expresidente de la compañía echó la culpa de la situación de la empresa al Gobierno, por haber suspendido las subvenciones a las energías renovables.

Además, según fuentes jurídicas, restó importancia a la caída del 40% en Bolsa del valor de la empresa. De hecho, hizo un paralelismo con los vaivenes de cotización que han sufrido otras empresas, como el Banco Santander.

Por su parte, Sánchez Ortega negó haber tenido nada que ver con la compra de acciones por parte de la empresa BlackRock en agosto de 2015, justo cuando la cotizacion de la empresa era más baja.

BlackRock había contratado a Sánchez poco tiempo antes, pero éste afirmó que no hizo uso de información privilegiada puesto que trabajaba en la división internacional de la compañía y nada tenía que ver con su política de inversiones.

Señaló, en concreto, que fue contratado para llevar las inversiones en infraestructuras en Latinoamérica y que no quiso ni podia tener acceso a información sobre acciones.

El pasado mes de enero, la magistrada ordenó el embargo de los bienes y propiedades de ambos directivos, así como el bloqueo de sus cuentas corrientes, para cubrir las responsabilidades civiles a las que podrían ser condenados.

La decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se produjo después de que ambos directivos trataran de cubrir con pólizas de seguros las fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros que impuso, respectivamente, a Benjumea y a Sánchez Ortega.

Esa cantidad es la que cada uno de ellos recibió al abandonar Abengoa poco antes de que la compañía entrara en situación de preconcurso de acreedores.

400 AFECTADOS

Esta causa tuvo su origen en la denuncia formulada por dos bonistas y que afecta a más de 400 accionistas y titulares de bonos. De ellos cerca de 70 han mostrado ya interés en adherirse al proceso judicial.

La dirección de Abengoa presentó a finales del pasado noviembre el preconcurso de acreedores en un juzgado de Sevilla y convocó a las entidades financieras acreedoras para que comenzaran a negociar un acuerdo que evitara la suspensión de pagos. Era el primer paso para encaminar el que puede ser el mayor concurso de acreedores de la historia de España.