En un auto conocido este miércoles, la juez accede a estas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía teniendo en cuenta la pena de hasta seis años de cárcel que puede conllevar el delito de administración desleal por el que Benjumea está siendo investigado. La instructora también tiene en cuenta que el investigado tenga un patrimonio relevante y su facilidad para desplazarse fuera de España.

Ello determina, dice la titular del juzgado central de Instrucción número 3, “un fundado riesgo de que en el curso de la instrucción aquel pueda eludir la necesaria sujeción al procedimiento, poniéndose fuera del alcance de la justicia”.

La magistrada recuerda que el hecho de que hasta el momento Benjumea no haya eludido la acción de la justicia y haya comparecido a los llamamientos judiciales “no garantiza que no pueda hacerlo en el futuro y desde luego no neutraliza los motivos” para la adopción de las medidas cautelares.