España se adhirió al Comité Intergubernamental de las Migraciones Europeas en 1956 y ratificó esta adhesión diez años después con la creación de una oficina de este Comité en Madrid.

Sin embargo, España se retiró como país miembro en 1977 y pasó a ser observador, pero en 1999 se renovó su interés por la OIM, organismo internacional resultante de la evolución del Comité Intergubernamental, donde sigue siendo país observador.

Esto provocó el inicio del proceso de reingreso de España como país miembro en la OIM, proceso que culminó en junio de 2006, cuando fue autorizado por el Congreso de los Diputados.

Entonces, con el fin de proporcionar la seguridad jurídica necesaria a la oficina de la OIM en Madrid, el Gobierno consideró necesario concluir un acuerdo de sede con carácter normativo, cuya firma autorizó el Consejo de Ministros del 18 de abril de 2008.

Según este convenio, España reconoce la personalidad jurídica de la OIM, fijar en Madrid la sede permanente de este organismo en España, los privilegios e inmunidades del director general y el director general adjunto de este organismo, así como de los representantes de los Estados miembro en sus estancias en España para las reuniones de la organización.