“No queremos más Aguirres”, dijo Iglesias en una rueda de prensa en el Congreso en la que presentó este programa de gobierno que tiene “un marcado carácter social” y que apuesta por “regenerar las estructuras del Estado”.

Entre las medidas de lucha contra la corrupción, las bases del gobierno de Podemos incluyen, a definición de Iglesias, la medida “más ambiciosa de lucha contra la corrupción” traída en democracia: la creación de una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Esta Secretaría de Estado, según explica el partido de Iglesias en el documento, que tiene unas 100 páginas, velará para que las administraciones públicas dispongan de mecanismos preventivos frente a la corrupción; trabajará de manera coordinada con la Oficina de Contrataciones Públicas, así como con el cuerpo de Interventores y Auditores del Estado, y promoverá la especialización del personal funcionario para la detección y denuncia de la corrupción.

Este departamento contará con una Comisión Interdepartamental integrada por las oficinas de las administraciones central, autonómica y local que tengan competencias referidas al ámbito de actuación de esta secretaría, y el Consejo Asesor Anticorrupción, que estará conformado por movimientos asociativos civiles y personalidades de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Para Podemos, la estructuración de esta Secretaría “debe abarcar” la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. También se desarrollarán “planes de acción específicos” en cada una de estas competencias.

“Jurídicamente”, explica Podemos, “no existen dificultades para su creación inmediata, ni requiere de la formación de profesionales cualificados, dada su actual existencia dentro de los diferentes ámbitos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Supondrían un hito en la eficacia, agilidad e imparcialidad en las investigaciones necesarias en los procedimientos penales con causas de mayor gravedad o trascendencia social, especialmente las relacionadas con la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus tipologías”.

Además, se pondrá en marcha un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional que promoverá, entre otras medidas, una “mayor implicación” de la sociedad civil y expertos en la lucha contra la corrupción, y dotará de mecanismos reales de protección a los denunciantes de hechos delictivos.