El contrato de obras para la construcción, explotación y uso del aparcamiento público subterráneo de concesión municipal para residentes ‘Cándido Mateo’ fue adjudicado el 7 de octubre de 2005 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cándido Mateos, formada por Dico y Aglomerarados Daimiel.

El consistorio dirigido por Manuela Carmena indicó que una de las condiciones por las que la oferta de la UTE Cándido Mateos ganó el contrato fue que ésta se comprometió a no cortar el tráfico durante las obras para construir el aparcamiento, por lo que logró seis puntos decisivos para lograr la adjudicación.

COSTES POR DESVÍO DE TRÁFICO

El contrato de obras firmado en el marco de esa adjudicación ascendía a 3.904.083,21 euros y el el contratista se comprometió a asumir los costes de desplazamiento y desvío de tráfico por las obras.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid aseguró que “no fue así” porque, en la memoria de convalidación del gasto que tuvo el proyecto, el motivo que alegó el contratista para modificarlo es que “los vehículos deben circular”.

“Dado que este contratista no había ofrecido esa alternativa y así se adjudicó el contrato, la obra no pudo hacerse en el plazo al que se había comprometido. La rectificación del proceso constructivo alcanzó un importe de 3.382.408 euros, es decir, casi el mismo importe por el que se había adjudicado el contrato de construcción de la obra”, explicó.

El aparcamiento, que debía costar en un principio 3,9 millones, acabó suponiendo un gasto de más de 9 millones de euros por esa modificación y otros gastos.

El Ayuntamiento capitalino indicó que este proceso de contratación fue ya objeto de revisión, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió una sentencia en 2007 por no concluirse el trámite de información pública en el proceso.

“Los documentos revisados ahora, en el marco de las investigaciones sobre vínculos de la trama Púnica, apuntan a probables irregularidades en el proceso de contratación del aparcamiento, cuya ejecución se saldó con una desmesurada convalidación de gasto. Será investigada por el Ayuntamiento de Madrid”, concluyó.