Este decreto pretende impulsar la eficiencia energética en varios ámbitos: auditorías energéticas, acreditación de auditores y proveedores de servicios energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Estas auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones, y deberán realizarse al menos cada cuatro años.

NUEVE MESES DE PLAZO

El Ejecutivo estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000 establecimientos o locales.

Las empresas tendrán un plazo de nueve meses para realizar las auditorías, y podrán sustituirlas además por un sistema de gestión energética o ambiental e incorporar certificados de eficiencia energética de edificios en vigor.

Dichas auditorías deberán ser realizadas por auditores energéticos profesionales que cumplan con los requisitos de cualificación que se establecen en el decreto, sin perjuicio de que también puedan ser realizadas por personal interno cualificado.

Los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios energéticos se deberán acreditar mediante titulación universitaria o de FP, o bien mediante competencia profesional teórica y práctica. Además, estos profesionales deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil.