En el auto, el juez señala que el hijo mayor del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña es titular de varias sociedades instrumentales que no producen valor real añadido alguno y “cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero”.

Según el juez, estas sociedades facturaron indiciariamente más de 11 millones de euros, supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación, trabajos que no ha sido justificados.

Existen indicios, dice el auto, de que ha utilizado entramados societarios internacionales “diseñados con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, así como distintos testaferros y/o fiduciarios que le habrían permitido disponer de cuentas corrientes en otras jurisdicciones”.