Desde las elecciones presidenciales del pasado mes de enero, el Gobierno esrilanqués ha iniciado una campaña para silenciar y desacreditar a periodistas y ONG, ya que un documento filtrado recientemente indica que el Ejecutivo cuenta con una lista para "vigilar" a una treintena de informadores y activistas.

El director para Asia de HRW, Brad Adams, afirmó que el Ejecutivo de Sri Lanka "está llevando a cabo una 'caza de brujas' cuidadosamente coordinada destinada a desacreditar a los críticos con el Gobierno".

"Esto huele a represalia por informar sobre violaciones durante la elección presidencial", dijo Sam Zarifi, de Amnistía Internacional en Asia y Oceanía.

El conocimiento de esta lista de vigilancia coincide con una campaña del Gobierno en los medios de comunicación para desacreditar a las ONG y varios miembros del Ejecutivo han realizado acusaciones "vagas y no probadas" en contra de varias de ellas sobre por "desestabilizar la democracia", según señalaron AI y HRW.

Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch mostraron su preocupación sobre la seguridad de las personas que figuran en esta lista, debido a "anteriores amenazas de muerte y ataques".

Por ejemplo, en septiembre de 2008 unos desconocidos lanzaron dos granadas a la casa del director de Transparencia Internacional Sri Lanka y, en agosto del año pasado, el director de Centro de Políticas Alternativas recibió una amenaza de muerte anónima por correo.