La consejera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, planteó esta demanda este martes a Catalá en un encuentro que ambos mantuvieron en Madrid, en la sede del Ministerio, donde analizaron distintas cuestiones.

Esta integrante del Ejecutivo valenciano explicó que había trasladado al ministro que dos “preocupaciones prioritarias” de las autoridades de esta comunidad, que son recuperar las 15 plazas de jueces aprobadas en 2011 y trabajar en el “desarrollo y avance” de las cuestiones tecnológicas, en especial las llamadas notificaciones electrónicas.

Estas notificaciones son obligatorias para nuevos procedimientos desde el pasado 1 de enero, pero en algunas comunidades, como Valencia, se aprobó una moratoria al entender que los juzgados regionales no estaban preparados para que funcionarios y abogados, entre otros profesionales, se comunicasen sólo mediante documentos electrónicos.

860.000 EUROS PARA TECNOLOGÍA

Bravo explicó que en su Gobierno están trabajando “con mucha intensidad” para hacer efectivas las notificaciones electrónicas en su comunidad, algo que dijo no eran capaces de asumir cuando llegó al poder Ximo Puig. Añadió que, aunque están “muy preocupados” por este asunto, esperan que el sistema esté listo para este próximo verano.

Por su parte, el ministro dijo que en su reunión con la consejera valenciana habían estudiado la “singularidad” de las 15 plazas de jueces no creadas en 2011, a pesar de que había un decreto que lo permitía. A este respecto, aseguró que se estudiará si un Gobierno en funciones puede retomar este asunto.

En cuanto al sistema de notificaciones electrónicas, Catalá dijo que trasladó a Bravo que Valencia recibirá 860.000 euros para implantar el sistema que permita esta tecnología en esta comunidad. Este dinero saldrá de los seis millones que el Ejecutivo central repartirá en 2016 para hacer efectivos los procedimientos judiciales sin papel.

Además, el ministro dijo que había coincidido con su interlocutora que es necesario tener cuanto antes una “solución común y compartida” para que en todas las autonomías exista una aplicación informática procesal compatible.