Según esta organización, en un Estado democrático y de derecho donde se contempla como derecho fundamental la libertad de expresión, “no sólo es posible sino aconsejable la sana crítica a las resoluciones que emanan de los jueces y magistrados, con las que la discrepancia se puede formular de forma más o menos técnica”.

Lo que “no es de recibo”, continúa el comunicado del Foro, es que desde instancias políticas o por personas con responsabilidades de esta naturaleza se “exija” la inmediata libertad de unas personas que están en prisión provisional por decisión de un magistrado ante la petición del ministerio fiscal, y que además ello se haga “dirigiéndose a organismos que nada pueden hacer, dado que los jueces de este país somos independientes y nadie puede dirigirnos requerimiento u orden para que resolvamos de una u otra forma”.

Pero sobre todo, insiste, lo que no es de recibo es que esas exigencias se acompañen de “insultos personales” a la figura del juez a través de medios de comunicación y redes sociales.

El Foro indica que las decisiones de los jueces son públicas y cabe opinar sobre ellas, puesto que pueden ser más o menos acertadas o gustar más o menos, pero esas críticas “no pueden descender al terreno del ataque personal al juez ni sostenerse sobre exigencias que justifican injerencias políticas en la labor de los jueces y magistrados, cuyas resoluciones, no lo olvidemos, son susceptibles de ser recurridas, esto es, revisadas por instancias judiciales superiores”.