Ante el peligro de desaparición de este mecanismo de redistribución social de parte de los ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía, el Cermi ha planteado una estrategia de incidencia política en los planos estatal, autonómico y local para que el nuevo Parlamento busque una solución legal que permita la continuidad de este dispositivo de solidaridad, según avanza la propia entidad en una nota.

A juicio del Cermi, el modelo de IRPF para fines de interés social se ha revelado “muy útil” en sus casi tres décadas de existencia, por lo que su supresión por cuestiones de formalismo competencial supondría “una pérdida irreparable sin beneficio para nadie, y con grave perjuicio para los sectores sociales más expuestos a la exclusión”.

En este sentido, el comité explica que el trabajo del movimiento de la discapacidad perseguirá convencer a las fuerzas políticas y a los grupos parlamentarios para que adopten con urgencia decisiones legales que preserven a corto, a medio y a largo plazo el mantenimiento de este modelo de gestión social.