El plan fue presentado a puerta cerrada en la reunión del Consejo Político de la organización, y según confirmaron fuentes asistentes implica dejar solo nueve de los veintidós puestos de trabajo actuales. Además, de los siete liberados políticos que tiene ahora la dirección federal, pasarán a cinco después de la próxima asamblea.

Según las cifras facilitadas a los miembros del Consejo Político, la coalición tiene una deuda viva de casi nueve millones de euros, que está en su mayor parte sindicada después de una renegociación que se hizo hace años. Tras esa negociación, la mayor parte de esa deuda corresponde a la hipoteca sobre la sede federal.

Otros casi dos millones de deuda corresponden a la subvención para el mailing electoral de las últimas generales y que, al no tener grupo parlamentario, la coalición tiene que devolver.

Hasta las elecciones la coalición ha pagado las cuotas de esa deuda con normalidad, la más cuantiosa de ellas trimestral y con plazo hasta marzo para el vencimiento de la siguiente, pero ya en enero no ha satisfecho las correspondientes a las que vencen mensualmente.

Toda esa deuda tendrá que ser renegociada por la coalición con las entidades financieras, ya que los ingresos se han reducido considerablemente por su menor presencia en el Congreso de los Diputados. Sobre todo por el hecho de no tener grupo parlamentario propio, lo cual les daría derecho a una subvención fija y estable de unos 300.000 euros anuales.

Dentro de esa renegociación y al estudiar el plan de viabilidad que finalmente se ha presentado al Consejo Político, la posibilidad de renunciar a la sede federal de la calle Olimpo es una opción que se ha barajado y que no está descartada.

Además del recorte de puestos de trabajo, la coalición aprobará un ajuste salarial que se aplicará de forma progresiva a sus cargos públicos y trabajadores, y que en el caso de los liberados será de entre el 15% y el 20%.

Todo ello se tendrá que concretar en las próximas semanas con el objetivo, aseguran, de que todo lo posible se haga de mutuo acuerdo con los afectados.

En términos políticos, no tener grupo propio merma la visibilidad de Izquierda Unida al tener que compartir con los demás integrantes del Grupo Mixto los cupos de iniciativas y los tiempos en las intervenciones.

Al inicio de la reunión, en su intervención abierta a los medios de comunicación, el coordinador general, Cayo Lara, aseguró que ese plan "se endurece mucho" al no poder tener grupo parlamentario propio. Lo advirtió justo después de reclamar abiertamente a los diputados de Izquierda Unida inscritos en el grupo de Podemos para poder apurar una última posibilidad de tener ese grupo propio.