Tras explicar que “se acusó a un servicio público de un hospital público, el servicio de urgencias, de haber acometido 400 homicidios”, Montes manifestó a Servimedia que en 2008 la Audiencia Provincial “archivó el caso y ordenó que se quitase toda referencia a que hubiese habido malas prácticas médicas”.

Asimismo, consideró “importante” lo ocurrido en el Severo Ochoa, “aquella infamia”, porque “tuvo dos efectos, el primero, una importante alarma social que perjudicó a la sedación paliativa porque se generó miedo, y el segundo el gran apoyo popular que tuvimos los trabajadores de las urgencias del hospital de Leganés”.

Dijo que “ha sido un hito que ha servido para reabrir el debate de las buenas prácticas y la buena muerte, y la muerte digna, que se inició con el caso de Ramón Sampedro”, que falleció en enero de 1998 por envenenamiento de cianuro potásico, ayudado por su amiga Ramona Maneiro.

“El Severo Ochoa ha sido un hito histórico de consolidación de los derechos que tenemos al protagonizar nuestro proceso final de la vida”, destacó.

Defendió “morir dignamente, la buena muerte, la muerte eutanásica, cuando es inevitable el deceso por alguna enfermedad terminal y hay un intenso sufrimiento, siempre que sea una muerte a petición voluntaria”.

Montes explicó que ADM, presente en toda España con 5.000 inscritos, defiende que el individuo sea “protagonista del proceso final de la vida” y el cambio del Código Penal, que considera la muerte voluntaria un homicidio. También se refirió a la muerte digna en la infancia y dijo que “es un tema que tenemos que abordar la sociedad”.

Manifestó que “donde más sufrimiento se produce es en la edad pediátrica” y señaló que, a veces, “se hacen salvajadas por mantener con vida a niños ante situaciones lamentables”. A su juicio, este asunto en este sector de la población “hay que plantearlo con delicadeza y rigidez”.