El estudio aborda los programas generales de orientación, servicios de colocación y formación laboral para estas personas; la situación de los pacientes con cáncer con alta laboral; la de aquellos a quienes se les reconoce incapacidad temporal; las prestaciones farmacéuticas y la rehabilitación que reciben los pacientes diagnosticados, y las ayudas a las que pueden acceder sus cuidadores.

Además, el Defensor ha actuado de oficio ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por posibles carencias en la atención a menores con procesos oncológicos y en fase terminal ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y ha solicitado información sobre la posible carencia de recursos específicos de cuidados paliativos pediátricos en esta comunidad autónoma.

La institución también ha seguido en 2015 una actuación ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer si existen retrasos en la incorporación de los nuevos antitumorales al Sistema Nacional de Salud, puesto que según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el tiempo transcurrido desde la autorización de un medicamento por parte de la Agencia Europea del Medicamento y su comercialización podría demorarse hasta 20 meses.

En opinión de la institución, el sistema público sanitario debe ser capaz de responder en cualquier circunstancia al mandato constitucional de protección de la salud de todos los ciudadanos.

En un comunicado, el Defensor afirma que también ha trabajado para que se incorporen a la cartera de servicios los test genómicos para determinar la idoneidad de la quimioterapia en cánceres de mama y permanece "vigilante" ante productos potencialmente cancerígenos para la población y destaca en este ámbito una actuación abierta con el Ministerio de Agricultura para conocer el riesgo de los herbicidas con glifosato.