Así lo anunció la vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que también acordó pedir a Mariano Rajoy que presente al Tribunal Constitucional un "incidente de ejecución de sentencia" por la puesta en marcha en el Parlamento de Cataluña de una comisión de estudio para iniciar el proceso de independencia.

Sáenz de Santamaría adujo en ambos casos que tanto la Generalitat como el Parlamento de Cataluña están tomando decisiones que atentan contra la Constitución de 1978, puesto que la política exterior es una competencia exclusiva del Estado y porque la comisión de estudio para la independencia vulnera la sentencia del TC que en diciembre anuló la declaración secesionista aprobada el 9 de noviembre en la cámara autonómica.

Sobre la Consejería de Asuntos Exteriores que ha asumido el cabeza de lista de Junts pel Sí en las elecciones regionales del 27 de septiembre, Raul Romeva, el Ejecutivo indicó que ese departamento "vulnera la competencia exclusiva del Estado que reserva la Constitución" y que en anteriores sentencias el Tribunal Constitucional "ha identificado como uno de los elementos esenciales" del Gobierno central.

Lamentó que la puesta en marcha de la Consejería de Asuntos Exteriores tiene una "finalidad declarada" por el nuevo presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que busca una "internacionalización" del proceso independentista que anunció en su discurso de investidura en el Parlamento autonómico.

PARLAMENTO DE CATALUÑA

Además, la vicepresidenta en funciones añadió que el Consejo de Ministros ha pedido a Mariano Rajoy que presente al Tribunal Constitucional un "incidente de ejecución de sentencias" al considerar que se está incumpliendo la sentencia que el 2 de diciembre anuló la declaración de independencia aprobada en el Parlamento de Cataluña.

Señaló que cuando la Cámara autonómica constituye ahora una comisión de estudio para iniciar un proceso de secesión del resto de España "infringe el orden constitucional y en particular la sentencia que declaró inconstitucional" la resolución de la cámara sobre la que ahora sustenta este nuevo paso.

Sáenz de Santamaría afirmó que la creación de una comisión de estudios en el Parlamento de Cataluña "tiene efectos jurídicos inmediatos" porque "intenta meter con apariencia de validez un principio contrario a la norma constitucional" para abrir un proceso constituyente que permita a una comunidad autónoma separarse del resto de España.