En la rueda de prensa de presentación de los resultados de la entidad en 2015, el presidente del Popular, Ángel Ron, explicó que el banco ya ha dejado de aplicar dichas cláusulas sin que lo pidan los clientes afectados.

En cuanto a la decisión de destinar una provisión de 350 millones ante la posibilidad de que el Alto Tribunal le obligue a aplicar la eliminación de estas cláusulas desde mayo de 2013 con carácter retroactivo, afirmó que “es una carrera de fondo” porque, de momento, no le ha condenado a hacerlo.

Además, defendió que la sentencia no declara ilegales dichas cláusulas, sino que las anula por considerarlas poco transparentes. A este respecto, recordó que se trata de un contrato firmado en 1999, año en que los requisitos eran distintos a los actuales.

Por último, consideró muy poco probable que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda determinar que la devolución debe tener carácter retroactivo desde el inicio de la hipoteca, por lo que aclaró que su provisión es solo por la posibilidad de que se aplique el criterio del Supremo, el de la retroactividad desde mayo de 2013.