De las 449 enmiendas que llegaban a este trámite final de la ley, sólo se han aprobado las de los grupos que enmiendan el texto allá donde el Consejo de Garantías Estatutarias había expresado reservas.

El consejero catalán de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, encargado de presentar el proyecto, aseguró que "tenemos en las manos una buena herramienta, una herramienta legal que antes no teníamos" que permitirá que "el recurso al referéndum que, en la democracia que hemos tenido hasta ahora, ha sido más bien escaso, deje de serlo".

Para el consejero, "las consultas vía referéndum nacen con vocación de ser un elemento más a tener en cuenta en la toma de decisiones" políticas, y cree que el objetivo es que, a partir de ahora, "se consiga apelar a menudo a los referéndums en las cuestiones más diversas que afecten la ciudadanía".

La ley regula los referéndums sobre cuestiones políticas de trascendencia especial impulsados por el presidente de la Generalitat; por el Parlamento, a propuesta de una quinta partes de los diputados o dos grupos parlamentarios; por un 10 por ciento del municipios, que tienen que representar como mínimo medio millón de habitantes, y por iniciativa popular con el apoyo del 3 por ciento de la población.

Todas estas consultas requieren primero el acuerdo de la mayoría absoluta del pleno del Parlamento y, después, la autorización del Estado.

También regula los referéndums de ámbito municipal sobre asuntos de la competencia propia del municipio, impulsados a iniciativa del alcalde, de una tercera parte de los regidores y también con el aval de firmas de ciudadanos empadronados.

En este caso, corresponde al pleno del ayuntamiento acordar el referéndum por mayoría absoluta de los regidores, pero también lo tiene que autorizar el Estado.