A juicio de la coalición de Cayo Lara, lo que está sucediendo con Garzón es "un hecho inadmisible en democracia que busca minar la independencia judicial y pretende enviar el mensaje a toda la sociedad de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia”.

Para Montserrat Muñoz, "es indignante que en lugar de que se anime al esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura franquista contra muchos ciudadanos y se dé respuesta a las legítimas exigencias de sus familiares y de las asociaciones de la Memoria Histórica para contribuir a solucionar desde el ámbito judicial el problema de las fosas comunes, tal y como marca la ley, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia".

Además, sostiene que "con acciones judiciales de otra índole, pero coincidentes en el tiempo contra Garzón, se busca claramente cortar de raíz cualquier acción judicial que intente esclarecer tramas de corrupción como el ‘caso Gürtel’, cuya investigación inició este magistrado antes de pasar a otras instancias judiciales”.