El objetivo de estos mecanismos es garantizar la efectividad de las órdenes de alejamiento, para lo que tanto víctimas como agresores deben de portar dispositivos de localización e instalar unidades de control en sus domicilios.

Cuando existe menor distancia entre el agresor y la agredida, de la que marca la orden de alejamiento dictada por el juez, la "pulsera antimaltrato" emite una alarma que avisa a la víctima y a la policía de la presencia del maltratador. La autoridad policial conoce en todo momento la posición de ambos.

Lorente explicó que la colocación de “estas pulseras” supone algunas dificultades, pues implica ciertas limitaciones de la libertad, sobre todo en municipios pequeños, pero agregó que tienen una gran efectividad.

Según señaló, “gracias a ellas se gestionaron 795 alarmas entre julio y diciembre de 2009”, y aunque es difícil determinar en qué medida han contribuido a la reducción de víctimas mortales, “sin duda habrán influido en el descenso de casi el 30% del número de mujeres muertas registrado el año pasado, en comparación con 2008”, añadió.

La distribución de estas pulseras, según Lorente, "es muy poco uniforme. Nos encontramos con provincias pequeñas como Jaén que puede tener 12 y luego Málaga, que tiene tres, depende de los criterios individuales, pero según se va conociendo más los recursos y su eficacia, se producirá una mayor aceptación del mismo" y una mayor demanda.

Por último, el delegado del Gobierno recordó que la Comunidad de Madrid ha decidido dejar de prestar el servicio de pulseras porque adujo que como "ya estaba el del Ministerio de Igualdad", era duplicar una prestación. Por lo tanto, los juzgados de esta Comunidad que quieran mantener la protección tendrán que dirigirse a Igualdad.