Así lo afirmó este miércoles la asociación a través de un comunicado, que recogía las palabras de su delegado en Euskadi, José Miguel Fernández. La petición de la pena máxima se basa en la última reforma del Código Penal, efectuada el año pasado, y responde a que “estamos ante el acto más vil posible de violencia de género, que merece el mayor reproche judicial”.

Fernández considera que se pueden dar los requisitos para entender que se trata de un asesinato de un bebé realizado posiblemente para evitar la investigación de otro delito en el ámbito de la violencia de género.

Según el delegado, “no estamos ante un hecho aislado de una persona que ha perdido el control, sino que se trata del acto de violencia de género más grave”, el más claro ejemplo que “cuando hay niños y niñas no sólo es víctima la madre, sino también sus hijos e hijas”.

La asociación se suma a la repulsa social y pide “más implicación pública” en la lucha contra la lacra de la desigualdad, recordando a todas las instituciones y administraciones públicas la necesidad de combatirla “al tratarse de la punta del iceberg de una violencia estructural contra las mujeres arraigada en nuestra sociedad”.