Así se expresa Facua en un comunicado en el que lamenta que el Gobierno haya obligado a judicializar el caso, lo que ha provocado que el Supremo tenga que analizar casi cuatro mil recursos contenciosos-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya había declarado el cobro de este impuesto contrario a la normativa europea.

Los recursos se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que a instancias del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazaron las miles de solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto. Los recursos buscan recuperar los pagos realizados en períodos ya prescritos de un tributo declarado ilegal por Bruselas.

El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.

En su sentencia, el TJUE declaró que el ‘céntimo sanitario’ es contrario a la directiva de la UE sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica.