A través de un comunicado, las instituciones eclesiales mostraron su sorpresa por la denuncia presentada por tres mercedarias de origen indio que pidieron abandonar el convento a pesar de llevar en la clausura más de tres lustros y el “revuelo informativo” que se ha generado.

Asimismo, la Iglesia recordó que “los trámites en curso seguían un ritmo realmente rápido” y que “no consta” a la autoridad diocesana que dos de las religiosas hubieran pedido abandonar antes de los procedimientos que se concluyeron “a nivel diocesano” el 21 de enero.

En el caso de la tercera, la Iglesia compostelana también insiste en que la vocación “no se circunscribe a un momento puntual” y que cuando pidió salir del convento hace dos años “se realizaron con toda celeridad los trámites internos canónicos de exclaustración y dispensa de votos”, que concluyó en marzo de 2015 con la firma por la interesada el rescripto emitido por la Santa Sede. También dice que las religiosas pueden viajar a su país cada siete años y que luego han regresado “voluntaria y libremente”.

En la nota, la Iglesia gallega recuerda que la vida de la clausura puede ser “no fácilmente comprensible” por la “entrega radical” que supone y que el acceso a ella se desarrolla en un proceso que dura unos cinco años.