La moción, presentada en la Cámara Alta por la Entesa Catalana de Progrés y modificada posteriormente por una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, promueve también que se impulsen las medidas necesarias para que el Defensor del PUeblo asuma la protección y supervisión de la aplicación de esta convención en España.

Según explicó en el pleno María Burgués, de la Entesa, la iniciativa, que es consecuencia de una interpelación urgente del mismo grupo al Gobierno, pide que se priorice la adecuación de la normativa española a la convención en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA en los ámbitos de educación, sanidad, trabajo y participación de la vida política.

Así, explicó Burgués, la propuesta de la Cámara Baja quiere que en el marco del Pacto de Estado por la Educación, se continúe potenciando una Escuela Inclusiva que garantice una intervención educativa temprana y eficaz desde el inicio de la escolarización de los niños, en coherencia con los principios, valores y mandatos de la convención.

En el ámbito de la Sanidad, el Senado pide al Ejecutivo que se impulsen y mejoren los sistemas de detección de discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, teniendo siempre en cuenta las cuestiones de género.

Dentro del campo laboral, la moción habla de promover el ejercicio del derecho al trabajo de los ciudadanos con discapacidad, reconociendo sus capacidades y méritos en el mercado laboral y contemplando la posibilidad de reservar un porcentaje en los contratos públicos de las administraciones a Centros Especiales de Empleo. Además, el texto incide en la necesidad de garantizar los derechos políticos y de participación en la vida política y social de las personas con discapacidad.

Por último, la moción aboga por intensificar la coordinación entre todas las administraciones públicas para hacer realidad el principio de transversalidad de las políticas de discapacidad y por "dar a conocer de un modo amplio, a través de cuantos instrumentos se consideren oportunos los principios, contenidos y valores de la Convención de la ONU sobre discapacidad".

BARRERAS EN EL SENADO

En su intervención, la senadora María de los Ángeles Font, del Grupo Popular, aplaudió la oportunidad de esta moción, ya que reconoció que "incluso en el Senado hay barreras", puesto que es difícil acceder a los escaños para alguien que vaya, por ejemplo, en silla de ruedas. "Tenemos", apuntó la senadora, "una deuda con las personas con discapacidad".

Por su parte, Nuria Aleixandre, de CiU, se mostró también crítica con la situación de los ciudadanos con discapacidad y especialmente con el Gobierno, a quien acusó de no priorizar sus necesidades, a pesar de definirse como un Ejecutivo "de marcado carácter social".

El resto de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta coincidieron en señalar la necesidad de una moción como ésta para proteger los derechos de las personas con discapacidad.