García Tejerina respondía así a informaciones difundidas hoy que apuntan que la vicepresidenta de Acuamed, Liana Ardiles, habría solicitado un informe sobre la desaladora de Almanzora con el objetivo de llevarlo a una reunión entre Arias Cañete y FCC, que iba a desarrollar ese proyecto.

De acuerdo con esas informaciones, el Ministerio acabó incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 40 millones de euros que reclamaba supuestamente FCC.

En declaraciones a la prensa antes de participar en el 9º Congreso Federal de UPA, la ministra dijo que "sorprende" que se saque el nombre de Miguel Arias Cañete por una reunión "que fue agendada por el propio gabinete, tal y como se agendan tantas reuniones de empresas que entienden que tienen un problema".

"La reunión se mantuvo en presencia del abogado del Estado, donde la empresa privada viene a reclamar el cien por cien de los daños de la desaladora", incidió.

Con respecto a esa reclamación, la responsable del Ministerio dijo que "para proceder o ver si es o no oportuna y ver cuál de las empresas tiene razón se solicitó un informe a la Abogacía del Estado y el informe dice que es una responsabilidad compartida".

Por último, recordó que "es importante dejar claro que en esa desaladora no se ha cerrado la liquidación y tampoco se ha atendido a la reclamación de la empresa privada" y, por tanto, "las reclamaciones de la empresa privada no han sido satisfechas".

Por otra parte, la ministra quiso dejar claro que "somos los más interesados en esclarecer absolutamente todo y por eso he puesto en marcha todas las actuaciones necesarias para conocer todo lo que ha sucedido en la empresa".

"Una vez que conocimos el auto del juez que se refería a una empresa privada en concreto, hemos llevado a cabo todo tipo de actuaciones. Por eso, ayer se inició en otro Consejo de Administración ordinario la contratación de una auditoría técnica externa que revise el funcionamiento de la empresa desde sus orígenes en 2004", señaló García Tejerina.

La responsable de Agricultura afirmó que “no solo hay que dejar que actúe la Justicia, sino que hay que colaborar con la Justicia”. “Por ello, con los medios que tengamos, contribuiremos a esclarecer absolutamente todo”, recalcó.

Además, añadió, "hemos creado un grupo de trabajo que coordine y vigile los trabajos de esta auditoría externa y luego, además, he solicitado al subsecretario de la inspección de servicios que se ponga a revisar toda contratación que se haya hecho en el ministerio, sea de forma directa o por cualquier otro organismo autónomo".

La ministra apuntó que “hay que ser inmisericorde y absolutamente inflexible con cualquier mínima irregularidad. Tenemos que tratar de esclarecer, por eso nos personamos y de ahí todas las actuaciones de revisar donde podamos detectar la más mínima irregularidad".