En su intervención en la Comisión de Industria del Congreso, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, pidió también que en el periodo transitorio hasta que entre en vigor esta llimitación, sea obligatorio que las administraciones paguen en un plazo de 45 y días.

Reyna consideró "correcto" el plazo previsto de 30 días para el pago de las administraciones públicas, pero solicitó que no se pueda retrasar "unilateralmente" por parte de la administración la emisión de los certificados de obra.

Según Reyna, la demora en la expedición de estos certificados ha sido una de las causas del escaso éxito de la línea ICO de avales.

Por su parte, señaló que, en el caso de las relaciones comerciales entre empresas, el plazo previsto de sesenta días también es "adecuado".

No obstante, exigió que este plazo no pueda ampliarse ni con un pacto entre las partes, ya que, en el caso de las micrempresas y los autónomos, éstos tienen menos posibilidades de negociar las condiciones con las grandes empresas.