Según CSIF, esta decisión se debe a la intensificación de la presión ejercida por los trabajadores y la interlocución con las diferentes partes implicadas y partidos políticos, para que finalizara la aplicación del ERE.

CSIF reclamó una medida "de gracia" al Gobierno (responsable último de la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI), teniendo en cuenta que la actual situación económica de la empresa refleja una previsión de beneficios de 2 millones de euros en el ejercicio 2015 y un incremento de la producción del 63%.

No obstante, CSIF explica que estudiará el alcance y los detalles de esta decisión y mantendrá las medidas de presión para favorecer la reincorporación de las 555 personas que han sido despedidas a lo largo de este mes, de las 1.336 previstas en el ERE.

El sindicato subraya que Tragsa les ha comunicado que no se producirá "a partir del día de hoy, ninguna nueva extinción de contrato de trabajo al amparo de este procedimiento".

Por su parte, desde CCOO indicaron que el Grupo Tragsa ha decidido paralizar el ERE al día siguiente de que se registrara en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley por parte del Grupo Socialista y de la reunión que se mantuvo, a petición de CCOO, y en la que estuvieron presentes los secretarios generales de Construcción y Servicios, Vicente Sánchez, y de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez.

En esta reunión el sindicato expuso la necesidad de paralizar el ERE, la readmisión de los trabajadores y de volver a la mesa de negociación el Plan de Viabilidad que permita la estabilidad en el empleo así como la viabilidad de la empresa.