Este recurso responde al acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de la Profesión Enfermera de que sus dos organizaciones (Satse y Consejo General de Enfermería) lo presentarían de manera diferenciada, y es el segundo que se registra ante el Tribunal Supremo, una vez que las CC.AA. de Cantabria, Baleares y Extremadura ya han anunciado su intención de recurrir de forma inminente ante el Tribunal Supremo. A estas comunidades se van a sumar en las próximas semanas nuevos gobiernos autonómicos.

El Tribunal requiere al Ministerio de Sanidad para que, en el plazo improrrogable de 20 días remita el expediente administrativo de la resolución impugnada. y ordena la formación de “pieza separada de medidas cautelares” concediendo cinco días de plazo para audiencia al Gobierno.

En el recurso, señalan los enfermeros, "se ponen de manifiesto las numerosas irregularidades administrativas que rodearon su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. También se realiza un análisis exhaustivo de las importantísimas y nefastas consecuencias que está suponiendo la entrada en vigor del real decreto en diversos ámbitos: el deterioro y detrimento en la calidad en la atención a los pacientes; los inevitables conflictos entre profesionales; y la grave merma y menoscabo y restricción de los derechos y las competencias que los enfermeros ostentan por atribución legal del Artículo 79.1 de la Ley del Medicamento".